El Gobierno regional tiene previsto regular antes de las próximas elecciones autonómicas, es decir, antes del próximo mes de mayo, la gestión de los atraques de embarcaciones deportivas en los puertos de titularidad regional, que son todos excepto los de Gijón y Avilés.
Las últimas decisiones dependerán del estudio y propuestas que realizará una consultora contratada al efecto, según dijo a EL COMERCIO el director general de Transportes y Puertos, Julián Bonet, pero todo hace pensar que se apostará por una fórmula mixta, pública y privada.
Julián Bonet indicó que el Principado quiere mantener la titularidad pública de los cerca de 2.000 puntos de atraque que actualmente controla, pero que la iniciativa privada tendrá mayor protagonismo en el caso de puertos de nueva construcción, como es el caso del de Luanco, donde los pantalanes deportivos podrán ser instalados por empresas especializadas que, a su vez, se encarguen de su gestión.
Las cosas están menos claras en lo que se refiere a puntos de atraque ya existentes. El Gobierno regional admite dificultades, por falta de personal, para controlar las embarcaciones en tránsito. Consiguientemente, parece probable que, sin perjuicio de la titularidad pública de la instalación, se encomiende la gestión a una empresa.
Si será una en cada puerto regional o una sola concesión para todos los puertos no está claro todavía, pero Julián Bonet apuesta claramente por la profesionalidad y prácticamente descarta una alternativa barajada en su momento, como es que las cofradías de pescadores se encarguen de la gestión de los pantalanes deportivos para tener un ingreso complementario a sus ingresos ordinarios. Bonet considera que el desarrollo del turismo náutico requiere un tratamiento especializado.
Otra incógnita que todavía no está despejada, pero que deberá estarlo antes del final de la actual legislatura regional, es si los adjudicatarios de la gestión tendrán capacidad para fijar las tarifas.
El Gobierno del Principado dijo cuando la Autoridad Portuaria de Gijón privatizó los pantalanes y enajenó la gestión de las dársenas del Muelle que el nuevo modelo podría ser extrapolable a los puertos de titularidad regional.
En cuanto a profesionalización de la gestión, todo hace pensar que así será, pero Julián Bonet quiere garantizar altas cotas de control público.
En el caso de Gijón, el importe de las tarifas forma parte de las cláusulas del concurso de adjudicación, de forma que, aunque es la empresa concesionaria la que realiza su oferta conforme a las expectativas de negocio y beneficio que tenga, corresponde a la Autoridad Portuaria aprobarlas.
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